Por Mara Espasande
El “Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema transfronterizo del Acuífero Guaraní” permitió a los organismos internacionales –y por ende a las empresas transnacionales– el acceso a datos e información del Sistema transfronterizo del Acuífero Guaraní que abrían las puertas a un proceso de avance hacia la transnacionalización y mercantilización de los recursos hídricos.
Mara Espasande, 2019
Compartimos extractos del artículo de Mara Espasande “Los recursos hídricos en América del Sur: El caso del Acuífero Guaraní, la riqueza del subsuelo de la Patria” (Revista Movimiento, 2019; reproducida en La Baldrich). Se trata de un análisis geopolítico sobre los intereses de los países centrales en el Acuífero Guaraní. De un pantallazo, nos permite configurar cómo en nombre del “desarrollo sostenible” se elaboran programas internacionales que abren las puertas a un proceso de avance hacia la transnacionalización y mercantilización de los recursos hídricos.
Los recursos hídricos en América del Sur
La lucha por los recursos naturales constituyó desde los orígenes de la modernidad –y por ende del capitalismo– un eje central en la configuración de las relaciones de poder a nivel mundial. Desde la perspectiva de la corriente modernidad y colonialidad, el capitalismo nace a partir de la expansión ultramarina de Europa occidental, la conquista de América y la consecuente expoliación de los recursos naturales de dicho continente (Dussel, 1994). Cabe destacar que el surgimiento del capitalismo –y la construcción de los imperios coloniales en esta etapa– cambia radicalmente la relación de la humanidad con la naturaleza que, lentamente, se irá constituyendo en un recurso (Arnold, 1996).
Tal como analiza Imannuel Wallerstein (1979), la acumulación originaria se vinculó con la capacidad de apropiación de la riqueza de la periferia (América, África) por parte del centro (Europa Occidental) en el marco de la construcción del moderno sistema mundial. (…)
Podríamos aplicar aquí el concepto propuesto por Fornillo para afirmar que en los siglos XV y XVII el oro y la plata, pero también la madera y la tierra fértil, eran recursos naturales estratégicos. Sostiene el autor: “un recurso natural puede llamarse estratégico si responde a las siguientes condiciones relativas a su valor de uso, por sí mismas suficientes: a) ser clave en el funcionamiento del modo de producción capitalista; b) y/o ser clave para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial; c) y/o ser clave para el despliegue de una economía verde o de posdesarrollo; y las siguientes condiciones relativas a su disponibilidad, de por sí necesarias: a) escaso –o relativamente escaso–; b) insustituible –o difícilmente sustituible–; c) desigualmente distribuido” (Fornillo, 2014: 2).
Tal como ocurrió en aquel entonces con América y África, y más tarde con Asia y Oceanía, en la actualidad existen regiones del mundo con una amplia disponibilidad de recursos naturales estratégicos para el desarrollo de los países centrales con mayor dinamismo económico que, año tras año, aumentan su demanda. Tal como sostiene Fornillo (2014: 2), la “reconfiguración geopolítica redunda en una competencia creciente y desigual por el acceso a los recursos, al tiempo que aumenta exponencialmente su demanda”.
Existe una situación crítica vinculada al acceso al agua potable. Según un informe de la UNESCO, “alrededor de 3.600 millones de personas habitan actualmente en zonas que pueden sufrir la carencia de agua al menos un mes al año. Para el 2050, la población afectada podría situarse entre los 4.800 y 5.700 millones de personas”.
El Acuífero Guaraní
Nos interesa aquí detenernos en una de las fuentes más importantes de agua dulce del continente americano presente en los países que integran la Cuenca de Plata: el Sistema transfronterizo del Acuífero Guaraní (SAG). El SAG posee una superficie total de 1.194.000 km2 de los cuales 226.000 km2 pertenecen a la Argentina, 839.000 km2 a Brasil, 71.700 km2 a Paraguay y 59.000 km2 a Uruguay. Es el tercer acuífero del mundo en volumen de agua dulce, alcanzando un total de 50.000 km3. En cuanto a su distribución, aproximadamente el 4% se localiza en Uruguay, el 6% en Paraguay, el 19% en Argentina y el 71% en Brasil.
En los años 90 el Sistema Transfronterizo del Acuífero Guaraní comenzó a ser objeto de interés por parte de los organismos internacionales (Bruckman, 2011) tales como el Banco Mundial (BM), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU). En el marco de gobiernos de tipo neoliberal, los organismos internacionales lograron constituir un Comité técnico para estudiar el funcionamiento del acuífero con fines de preservación ambiental –mediante la intervención de la Asociación Mundial del Agua (AMA). Tal como sostiene Mishel Nataly Santomaro Moscoso (2016: 84), en aquel momento, “debido a la creciente escasez del agua y el aumento de la demanda de este preciado líquido el Banco Mundial ha propuesto que el recurso sea tratado como un producto al igual que el petróleo y el oro, asimismo sostiene que debe ser desarrollado por las empresas privadas, pero esto significaría que el agua se convierta en un producto no accesible para las poblaciones con escasos recursos económicos”. A partir de esta concepción, el Banco Mundial se convirtió en representante informal de las empresas que luego participaron en el proceso de privatización del agua de diversos países de la región (…)
En el año 1998 los órganos gubernamentales de Brasil y Uruguay comenzaron a negociar con la OEA, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial para la ejecución de un programa de protección ambiental que finalmente se concretó en 2001 y se ejecutó entre 2003 y 2009. El “Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema transfronterizo del Acuífero Guaraní” (PSAG) contó con el financiamiento del GEF y su ente ejecutor fue la OEA. (…) Entre las tareas realizadas se encontraron la creación de un mapa hidrogeológico del SAG, el inventario de pozos y la implementación de una red de monitoreo, paralelamente a la realización de seminarios, talleres de capacitación y pasantías. Sostiene Bruzzone (2013: 5) al respecto que la primera fase consistió en la regulación de los recursos naturales y “en la segunda fase se trataría de insertar actores externos en la gestión de los mismos, estos actores externos por lo general son empresas privadas (multinacionales) que buscan gestionar los recursos a su conveniencia a través de concesiones por parte del Estado”. La realización de dicho proyecto permitió entonces a los organismos internacionales –y por ende a las empresas transnacionales– el acceso a datos e información del Sistema transfronterizo Acuífero Guaraní que abría las puertas a un proceso de avance hacia la transnacionalización y mercantilización de los recursos hídricos en cuestión.
Pero luego de la crisis de los regímenes neoliberales y la emergencia de gobiernos populares en la región, los modelos de gestión del SAG comenzaron a cambiar. En el marco del fortalecimiento del MERCOSUR, en junio de 2004 se firmó el “Proyecto de Declaración de Principios Básicos y Líneas de Acción para el Sistema Acuífero Guaraní”. En octubre del mismo año se realizó en Foz de Iguazú un seminario específico sobre el tema, y en su carta final se destacaron los siguientes objetivos: brindar prioridad al abastecimiento humano y animal sobre otros usos; enfatizar el uso sustentable y la conservación de las reservas; y reafirmar el principio de la soberanía territorial de cada Estado sobre sus recursos naturales. En este marco se impulsó el intercambio de informaciones técnicas entre los Estados miembros del bloque regional.
Como resultado de un arduo trabajo, el 2 de agosto de 2010 los países miembros firmaron un acuerdo vinculante –sujeto a ratificación de los parlamentos– sobre el Acuífero Guaraní. El mismo se presentó como un acuerdo de tipo ad hoc al Tratado de la Cuenca del Plata suscrito en 1969 y presentó como ejes centrales la defensa de la soberanía estatal, el uso sustentable, el cuidado ambiental y la cooperación e intercambio de información.
Cabe destacar que el Banco Mundial, junto a un grupo de empresas transnacionales, continuó trabajando en la temática y en 2008 creó el grupo denominado 2030 Water Resources Group, integrado por Nestlé, Coca Cola, PepsiCo, AB InBev y el Banco Interamericano de Desarrollo. Al poco tiempo, de esta confluencia nació Aqueduct Alliance de las cuales participan actualmente las empresas Goldman Sachs, JP Morgan, General Electric y Shell, junto a universidades, centros de estudios y ONG tales como Carbon Disclosure Project’s Water Disclosure Project, Ceres, Columbia University, Deloitte Consulting LLP, Global Adaptation Institute, Global Water Strategies, Nanjing University, National Geographic, Pacific Institute, The Nature Conservancy, US Environmental Protection Agency, University of Michigan at Ann Arbor, University of North Carolina at Chapel Hill, University of Virginia, Water Footprint Network, World Business Council for Sustainable Development y Yale University. Elsa Bruzzone, analizando la presencia de las empresas en la explotación del recurso en cuestión sostuvo: “en manos de las transnacionales apoyadas por sus respectivos gobiernos, se ha convertido en una mercancía, algo sujeto a la oferta y a la demanda del mercado, cuando tendría que ser un bien social, ya que es un bien que pertenece a la humanidad y tendría que estar al servicio de la gente”.
De la interacción entre estos actores sociales y políticos surgen distintos modelos de gobernanza del SAG. Tal como sistematiza Sabrina Cassia (2011), los modelos de gestión se definen a partir de la vinculación de organismos internacionales (ONU, OEA, UNESCO, Banco Mundial, entre otros), los Estados-nación (con sus respectivas instituciones), las organizaciones regionales (MERCOSUR), las organizaciones de la sociedad civil y los Estados extra regionales (en el caso del Sistema transfronterizo Acuífero Guaraní, en particular los Estados Unidos). De la relación establecida entre estas fuerzas deriva el modelo de gobernanza que puede estar fundado en el ejercicio de la soberanía, el resguardo del agua como bien público, el cuidado del medio ambiente o, por el contrario, la mercantilización del recurso, el aumento de influencia y presencia de los organismos internacionales y, junto a ellos, las empresas transnacionales.
Perspectivas actuales
La administración del acuífero transfronterizo presenta una serie de desafíos. Por un lado, los marcos jurídicos de los Estados miembros del MERCOSUR son heterogéneos. Esto impide la centralización en la planificación de un modelo de gestión regional. (…) En este contexto, la viabilidad de la planificación y la gestión de programas de sustentabilidad se encuentra estrechamente vinculada a las políticas de Estado llevadas adelante por los gobiernos integrantes del MERCOSUR, es decir, a la decisión política de articular y trabajar en forma conjunta. Durante la etapa que se inició en 2003 bajo la confluencia de gobiernos que buscaron profundizar la integración se realizaron importantes avances que fueron frenados a partir de 2015 por el cambio de modelos de desarrollo llevados adelante, primero por la Argentina y luego por Brasil. (…)
La segunda amenaza se encuentra vinculada a la privatización del recurso. Frente al cambio de signo de los gobiernos de la región –a partir del ascenso de la Alianza Cambiemos en la Argentina y del golpe de Estado en Brasil– el PARLASUR se convirtió en uno de los escenarios de denuncia de los avances privatizantes. (…) La privatización de la extracción del agua dulce convertiría a un bien público y social en una mercancía, constituyendo una pérdida de soberanía para los Estados y para los pueblos. Frente a la debilidad del MERCOSUR y la apertura de negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales, el agua podría pasar a ser considerada un bien de cambio más, con los perjuicios que esto implicaría. (…)
Por último, la tercera amenaza se vincula a la extranjerización de la tierra en la región del Sistema transfronterizo del Acuífero Guaraní y la presencia de fuerzas militares extranjeras. En la Argentina, en 2010 había 12.520.826 hectáreas en manos extranjeras. En junio de 2016 el presidente Mauricio Macri, a través del Decreto 820/2016 modificó la Ley de Tierras Rurales. Dicha ley, aprobada en 2011, establecía un límite de mil hectáreas para titulares extranjeros. En aquel momento se identificaron 50 distritos que excedían los montos permitidos, quienes fueron intimados a regularizar la situación. (…) Este proceso fue suspendido por la aplicación del mencionado decreto, que intentó ser justificado por parte del gobierno nacional mencionando el objetivo de promover la inversión extranjera. Este cambio de normativa elevó el número de tierras extranjeras a 17.000.000 de hectáreas, lo que representa el 18% de las tierras productivas en suelo nacional. (…)
Por último, la presencia de fuerzas militares extranjeras en la región plantea un posible problema de seguridad internacional. Sostiene Mishel Nataly Santomaro Moscoso (2016: 35): “Este recurso se ha convertido en un factor geopolítico de poder; el desarrollo económico, la industrialización, el crecimiento poblacional, la industria agraria, la deforestación y la contaminación, son factores que han vuelto el sistema hídrico cada vez más vulnerable y escaso, por lo que a futuro la problemática hídrica se convertirá en prioritaria dentro de la agenda económica y social de cada gobierno. El hecho de que sea un recurso codiciado a nivel mundial, plantea desafíos de seguridad para los países que lo poseen”. Continúa analizando: “el agua como recurso se ha transformado en estratégico” (Santomaro Moscoso, 2016: 45). (…)
Hay autores que afirman que desde 2016 la presencia militar de Estados Unidos en el cono sur ha aumentado notablemente. Tal es el caso de Elsa Bruzzone (CEMIDA), quien sostiene que desde el acuerdo firmado entre el gobierno argentino y los Estados Unidos en 2016 los ejercicios militares se han acrecentado, junto a la presencia del Comando Sur en Neuquén (base humanitaria) y el envío de efectivos para asistir a las fuerzas de seguridad de la frontera norte argentina y la Triple Frontera. (…)
Reflexiones finales
Podemos concluir que el modelo de gestión del Sistema transfronterizo del Acuífero Guaraní y el tipo de explotación de este recurso dependerán del modelo de desarrollo implementado por cada uno de los Estados miembros del MERCOSUR. Los pueblos, mediante sus representaciones políticas y jurídicas, podrán ejercer control soberano en el marco del fortalecimiento de las organizaciones regionales que permita la planificación de políticas conjuntas, o una vez más la lógica del capitalismo subsumirá a la naturaleza a la condición de bien transable, de mercancía o de commodities, en detrimento de los derechos humanos de los pueblos que habitan el suelo sobre el cual se encuentran estos recursos, en este caso “el oro azul”, tal como se lo denomina popularmente. (…)
En el análisis geopolítico de Perón, la unidad regional era la estrategia necesaria para la defensa de dichos recursos: “unirnos es una perentoria e indispensable necesidad, la mejor defensa está en nuestra unión” (Perón, 1954). En 1953 había sostenido: “Pienso que América del Sur debe unirse. El resto del mundo está agotando sus reservas territoriales. Nosotros las tenemos en abundancia y sin explotar. Es lógico pensar que las luchas del futuro serán económicas y que ellas se orientarán hacia los países que tengan más reservas de territorios y más riquezas que explotar en ellos. El futuro nos impondrá la unión económica de América del Sur. Si no nos adelantamos a los hechos es posible también que la lucha nos encuentre desunidos”.
La integración y el fortalecimiento de las organizaciones regionales, en particular del MERCOSUR, de sus instituciones y el respeto de los acuerdos firmados, podrían evitar el avance de los intentos privatizadores. Pero esto dependerá del desarrollo de las pugnas políticas regionales en el marco de la dinámica reconfiguración del orden mundial actual.
Para profundizar el análisis sobre el Acuífero Guaraní y las disputas en torno al agua, pueden continuar leyendo la nota con aportes de Elsa Bruzzone, en este sitio web: Esto es lo que el Primer Mundo entiende por desarrollo sustentable.
Sobre la autora. Historiadora, directora del Centro de Integración Latinoamericana «Manuel Ugarte» de la Universidad Nacional de Lanús. Docente universitaria. Consultora pedagógica. Coordinadora del “Atlas Histórico de América Latina y el Caribe. Aportes para la descolonización pedagógica y cultural”.
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